El empresario Lázaro Báez, condenado a diez años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, fue trasladado nuevamente a una cárcel común tras una orden emitida por el Tribunal Oral Federal 4. La decisión se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena, rechazando todos los recursos presentados por la defensa de Báez.

Báez, quien cumplía prisión domiciliaria en una residencia de El Calafate, Santa Cruz, fue trasladado bajo custodia de la Gendarmería Nacional a la Unidad 15 del Servicio Penitenciario Federal en Río Gallegos. El operativo se realizó de manera discreta, antes de que la orden judicial se hiciera pública. Según fuentes judiciales, la medida responde a la solicitud del fiscal federal Abel Córdoba, quien argumentó que el empresario debía cumplir el resto de su condena en una cárcel común, dado que no existían circunstancias excepcionales que justificaran la prisión domiciliaria.

La defensa de Báez, encabezada por el abogado Juan Villanueva, sostuvo que el empresario ya había cumplido la mayor parte de la condena, considerando los años de detención preventiva en distintas causas. Sin embargo, el tribunal determinó que los períodos de detención correspondían a expedientes diferentes y debían computarse por separado. De acuerdo al fallo, a Báez le restan más de seis años de prisión efectiva.

La causa “la ruta del dinero K” involucra el lavado de más de 55 millones de dólares a través de una compleja estructura financiera y empresarial, con ramificaciones en el país y el exterior. El juicio, que se desarrolló entre 2018 y 2021, concluyó con la condena de Báez y otros 21 acusados, incluidos sus hijos y colaboradores cercanos. Además, la Corte Suprema dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que refuerza el impacto político del caso.

El traslado de Báez a prisión común ha generado diversas reacciones. Mientras que sectores judiciales y políticos destacan la firmeza del accionar judicial, la defensa del empresario anticipó que apelará la decisión. En redes sociales, Báez ha manifestado críticas hacia la Justicia, cuestionando la imparcialidad del proceso. El caso continúa siendo un punto de debate público y político en la Argentina, con implicancias que trascienden el ámbito judicial.