El sistema universitario argentino atraviesa una de sus crisis más profundas en décadas, con una caída del 45% en las transferencias presupuestarias desde 2023 y un presupuesto proyectado para 2026 que será el más bajo en veinte años. Ante este panorama, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció que, si el Gobierno de Javier Milei no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y el fallo judicial que lo obliga a transferir $2,5 billones a las 56 universidades nacionales, convocará a una nueva marcha federal en la primera quincena de mayo.

La situación se agravó luego de que la Justicia diera un plazo al Estado nacional para girar los fondos necesarios para el funcionamiento de las casas de estudio. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno planea apelar la decisión judicial mediante un recurso extraordinario federal, lo que podría demorar aún más la llegada de los recursos.

En paralelo, docentes y estudiantes han realizado jornadas federales y clases públicas en distintas ciudades del país, como la Universidad Nacional de La Plata, donde se llevaron a cabo actividades frente al domicilio del vocero presidencial Manuel Adorni. Estas acciones buscan visibilizar la crisis presupuestaria y reclamar la implementación efectiva de la ley, así como la urgente convocatoria a paritarias para mejorar los salarios docentes, que en muchos casos no superan los 150.000 pesos mensuales.

Franco Bartolacci, presidente del CIN, advirtió que "si no hay respuesta en los próximos días, vamos a convocar a la sociedad a una manifestación nacional en mayo". Bartolacci subrayó que la universidad pública es una herramienta clave de movilidad social y que su deterioro afecta no solo a la educación superior, sino también a la investigación, la extensión y servicios esenciales como comedores y guarderías.

La consigna "La universidad no se apaga" resume el espíritu de resistencia de la comunidad universitaria, que insiste en la defensa de un sistema público, gratuito y de calidad. Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su postura y no ha dado señales de modificar su política presupuestaria, lo que augura un conflicto de largo alcance con consecuencias para el futuro de la educación superior en Argentina.