La Justicia de La Rioja ordenó la suspensión por 30 días del acceso vial al proyecto minero Vicuña, ubicado en la provincia de San Juan, tras un reclamo de la Secretaría de Ambiente riojana por la falta de un estudio de impacto ambiental presentado ante esa jurisdicción. La medida, dictada por la jueza María Greta Decker, afecta el uso del camino de Guandacol, principal vía logística para la operación minera, y fue ejecutada con controles policiales que impiden la circulación de vehículos hacia la mina por territorio riojano.

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, explicó que la decisión responde a la preocupación por los posibles impactos ambientales del tránsito minero, como la dispersión de polvo, ruidos y afectaciones a comunidades cercanas. "La jueza fue clara: sin estudio de impacto ambiental no hay actividad. Si la empresa cumple, la suspensión se levanta automáticamente", afirmó Azulay, quien remarcó que la medida busca prevenir daños antes de que se materialicen.

Desde la empresa Vicuña confirmaron que, aunque acataron la orden policial, no han recibido una notificación formal de la Justicia riojana. La compañía mantiene operativas las actividades desviando la logística por rutas alternativas dentro de San Juan, aunque advierte sobre riesgos operativos y de seguridad, especialmente para los trabajadores.

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, calificó la medida como "una verdadera sorpresa" y advirtió que "complica mucho la operación de la mina y pone en riesgo la seguridad de las personas que trabajan allí". Por su parte, trabajadores mineros riojanos manifestaron su rechazo, señalando que el desvío logístico multiplica los tiempos de traslado y podría afectar la continuidad laboral de unos 140 empleados directos.

El proyecto Vicuña, con una inversión prevista de 16.000 millones de dólares, es uno de los desarrollos mineros más grandes del país. El conflicto por los accesos se suma a reclamos previos de comunidades riojanas por mayor participación en el empleo y la provisión de servicios. La resolución judicial establece que, si la empresa presenta el estudio ambiental requerido, la suspensión podría levantarse antes del plazo fijado. De persistir el desacuerdo, el caso podría escalar a instancias judiciales superiores, incluso hasta la Corte Suprema. El desenlace de este conflicto marcará un precedente en la relación entre proyectos interprovinciales y la gestión ambiental en Argentina.