La crisis sanitaria desatada por la distribución de fentanilo contaminado en Argentina continúa generando consecuencias judiciales y regulatorias. El laboratorio HLB Pharma, señalado como principal responsable de la comercialización de ampollas que contenían bacterias multirresistentes, enfrenta una serie de medidas cautelares y una controversia por su intento de adquirir nuevos certificados para fabricar medicamentos, mientras permanece formalmente inhibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Según la investigación judicial encabezada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, se administraron al menos 33.731 ampollas del lote 31202 de fentanilo contaminado en hospitales y clínicas de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba. El Instituto Malbrán confirmó la presencia de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii en el medicamento, lo que está vinculado a la muerte de 68 pacientes y otros 20 casos en estudio. Entre las víctimas se encuentra Giovanni, un bebé de Córdoba que sufrió una infección grave tras recibir el fármaco.

La ANMAT prohibió el uso, distribución y comercialización del producto en mayo de 2025, logrando recuperar más del 60% de las ampollas, aunque aún quedan dosis pendientes de localización. Paralelamente, HLB Pharma ofertó para comprar 13 certificados de medicamentos de una empresa en quiebra, lo que generó controversia sobre la posibilidad de que la firma continúe operando. El organismo regulador aclaró que la empresa está inhibida y no puede producir ni comercializar medicamentos, pese a que la habilitación administrativa permanece activa por razones legales.

La Justicia dictó embargos y prohibiciones de salida del país para 24 personas vinculadas a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, mientras se investigan las responsabilidades penales y administrativas. El caso ha puesto en evidencia las falencias en la supervisión y sanción de laboratorios, así como la burocracia que dificulta la clausura definitiva de empresas implicadas en irregularidades graves.

Fuentes del sector farmacéutico y familiares de las víctimas han criticado la lentitud de las medidas adoptadas, mientras que ANMAT y el Ministerio de Salud reiteran su compromiso con la seguridad sanitaria y la transparencia. El proceso judicial sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas sanciones y el futuro de los certificados en disputa, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los medicamentos en el país.