La Justicia argentina avanza en una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la Iglesia Universal del Reino de Dios y a su líder, Ricardo Alberto Cis. El expediente, que se abrió en 2020 pero analiza hechos de al menos una década atrás, se originó cuando Cis intentó comprar una radio para expandir el mensaje evangélico de la organización. La operación levantó sospechas debido a que el patrimonio declarado por el pastor no coincidía con el monto necesario para la adquisición.

Según fuentes judiciales, la Unidad de Información Financiera (UIF) detectó movimientos llamativos en las cuentas de la iglesia, incluyendo donaciones millonarias desde 2010. Entre los aportantes figuran personas en situación de vulnerabilidad, como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Entre 2010 y 2014, la organización habría recaudado al menos 260 millones de pesos, cifra que aumentó con el tiempo.

El patrimonio de la Iglesia Universal del Reino de Dios incluye actualmente siete inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, 14 en la provincia, varias propiedades en el interior del país, una flota de 186 vehículos y un avión Cessna 750. El valor total de los bienes asciende a unos cinco millones de dólares, según los registros oficiales.

La causa, que inicialmente estuvo en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, fue derivada al fuero penal económico y actualmente está a cargo del juez Diego Amarante, con la intervención del fiscal Emilio Guerberoff. Para el 30 de agosto están previstas las declaraciones indagatorias de 13 personas, entre ellas la presidenta de la iglesia en Argentina, María Idineo Oracz de Assis, el tesorero Ramón Raitelli y apoderados vinculados al bolsonarismo en Brasil.

La investigación también analiza posibles vínculos con empresas fantasmas y transferencias millonarias no justificadas. La iglesia, hasta el momento, no ha respondido a los requerimientos de la prensa. El caso ha generado gran repercusión pública por el perfil de la institución y la magnitud del capital involucrado, y se espera que las próximas indagatorias arrojen mayor claridad sobre el origen de los fondos y el destino de las donaciones.