El Gobierno argentino ha anunciado una serie de medidas que buscan reducir los precios de productos electrónicos, como celulares y televisores, mediante la eliminación escalonada de aranceles e impuestos internos. Actualmente, los aranceles a la importación de celulares son del 16%, pero se reducirán al 8% en una primera etapa y serán eliminados completamente en enero de 2026. Además, los impuestos internos para productos importados pasarán del 19% al 9,5%, mientras que para los ensamblados en Tierra del Fuego se eliminarán por completo.

Estas medidas tienen como objetivo principal reducir la brecha de precios entre Argentina y países vecinos como Chile, donde los productos electrónicos son significativamente más baratos. Por ejemplo, un iPhone 16 Pro de 128 GB cuesta en Chile alrededor de USD 1.221, mientras que en Argentina su precio supera los USD 2.500. Según el Gobierno, la eliminación de aranceles y la reducción de impuestos podrían disminuir los precios de los celulares importados en casi un 19%.

Sin embargo, la medida ha generado una fuerte controversia, especialmente en Tierra del Fuego, donde se concentra la industria de ensamblaje de productos electrónicos. Esta actividad representa un tercio del PBI provincial y emplea a miles de trabajadores. Empresarios y sindicatos han expresado su preocupación por el impacto que estas políticas podrían tener en el empleo y la economía local. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha convocado a un paro por tiempo indeterminado, mientras que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, está en diálogo con sindicatos y empresarios para buscar soluciones.

Empresarios como Nicolás Caputo, propietario de la empresa Mirgor, han señalado que la medida podría ser "letal" para la industria local. Según Caputo, la eliminación de aranceles favorece a los productos importados en detrimento de los ensamblados en el país, lo que podría llevar al cierre de fábricas y a la pérdida de miles de empleos. Por su parte, el Gobierno ha defendido la medida argumentando que fomentará la competencia y beneficiará a los consumidores con precios más bajos.

Analistas económicos han señalado que, aunque la medida podría beneficiar a los consumidores a corto plazo, también plantea desafíos fiscales y sociales. La reducción de impuestos internos y aranceles implicará una caída en la recaudación del Estado, aunque algunos expertos sugieren que esto podría compensarse parcialmente con un aumento en el consumo y la actividad económica.

En conclusión, la decisión del Gobierno de reducir aranceles e impuestos internos para productos electrónicos ha abierto un intenso debate sobre sus beneficios y costos. Mientras que los consumidores podrían beneficiarse de precios más bajos, la industria de Tierra del Fuego enfrenta un futuro incierto, y miles de empleos están en riesgo. El impacto total de estas medidas se verá en los próximos años, a medida que se implementen y se evalúe su efecto en la economía y la sociedad.