La problemática de los cuidacoches, conocidos como "trapitos", volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública de Santa Fe y Rosario tras un grave episodio ocurrido en la capital provincial. El domingo pasado, un conductor fue apuñalado por un cuidacoches en la zona de Bulevar Pellegrini y San Jerónimo, luego de negarse a pagar por el cuidado de su vehículo. El agresor fue detenido minutos después por la policía, mientras la víctima recibió atención médica y se recupera de la herida.

Este hecho reactivó el debate sobre la actividad ilegal de cuidacoches, que desde mediados de 2024 está prohibida en Santa Fe por una ordenanza municipal. Sin embargo, autoridades locales como el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo reconocen que la normativa vigente solo permite sanciones leves, como multas, y no logra desalentar la actividad ni prevenir situaciones de violencia. "Hay momentos en los cuales la ordenanza no alcanza porque es una contravención", afirmó Mastropaolo, quien remarcó la necesidad de una ley provincial que brinde herramientas más efectivas a la policía y la justicia.

En la Legislatura de Santa Fe existen al menos dos proyectos de ley para abordar el problema. El diputado Walter Ghione propone sanciones específicas para cuidacoches que actúen en inmediaciones de espectáculos públicos, mientras que el senador Ciro Seisas impulsa una iniciativa más integral, que incluye censos, capacitación laboral y un portal de intermediación para la reinserción social de quienes realizan esta actividad. "El objetivo es dar una respuesta política a un reclamo histórico de los ciudadanos y evitar que la informalidad sea aprovechada por bandas delictivas", explicó Seisas.

En Rosario, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, destacó que el Código de Convivencia local se quedó corto y que el accionar de los trapitos es "más que una contravención". Schmuck subrayó la necesidad de dejar de hacer política con el tema y trabajar en conjunto con municipios y legisladores provinciales para ofrecer soluciones legislativas.

El fenómeno afecta especialmente a zonas gastronómicas, terminales y eventos masivos, donde los cuidacoches suelen ejercer coacciones y, según denuncias de vecinos, están vinculados a organizaciones criminales y barras bravas. Más de 100 cuidacoches fueron incorporados a trabajos formales mediante programas de inclusión laboral, pero las autoridades insisten en que la solución debe combinar políticas sociales, herramientas legislativas y aplicación efectiva de la norma.

El debate continuará en el Senado santafesino este mes, con la expectativa de que una ley marco provincial permita a cada municipio decidir cómo abordar la problemática, garantizando mayor seguridad y convivencia urbana.