El conflicto universitario en Argentina sumó una nueva semana de tensión tras la firma de un acuerdo parcial entre el gobierno nacional y algunas federaciones docentes. Mientras el Ejecutivo presentó el acta paritaria en la Justicia para argumentar que ya no existe emergencia universitaria, gremios como Conadu Histórica y la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) ratificaron un paro nacional entre el 16 y el 20 de junio, en reclamo de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial acorde a la inflación.

El acuerdo firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y federaciones como Conadu, Fedun, UDA, Ctera y Fagdut contempla un aumento salarial del 21,3% en junio y un 3% adicional en septiembre. Sin embargo, los gremios disidentes sostienen que la ley exige una recomposición del 53-56% y denuncian que, incluso con el aumento, muchos docentes seguirán percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza. "La ley de financiamiento universitario, que el gobierno de Javier Milei incumple desde hace 234 días, establece la obligación de elevar los salarios docentes para que recuperen el poder adquisitivo perdido", señalaron desde Coad.

La decisión de mantener el paro fue respaldada por el 83% de los docentes rosarinos en una consulta interna. Además de la huelga, se realizan movilizaciones, asambleas y recolección de firmas en varias ciudades, con el objetivo de exigir una definición judicial urgente sobre la ley y visibilizar el reclamo en redes sociales.

El conflicto, que lleva varias semanas, ha incluido marchas federales y acciones coordinadas en todo el país. Mientras tanto, el gobierno busca cerrar la disputa con acuerdos parciales, pero el descontento persiste en amplios sectores docentes y estudiantiles. La situación presupuestaria de las universidades nacionales y el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso siguen siendo los ejes del reclamo, en un contexto de creciente tensión entre los gremios y el Ejecutivo nacional.