La Policía de Córdoba atraviesa uno de los mayores escándalos de su historia tras la detención del jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, y otros seis implicados, entre ellos policías y civiles. La investigación, liderada por el fiscal Guillermo González, reveló la existencia de una organización delictiva que operaba desde el seno de la fuerza, utilizando información confidencial para extorsionar, coaccionar y realizar negociaciones ilegales.

Según fuentes judiciales, los detenidos accedían a datos reservados del sistema policial, como antecedentes y planillas prontuariales, que luego empleaban para cobros extrajudiciales, fijación de honorarios y negociaciones paralelas. "Utilizaban su lugar en la Policía para cometer ciertos delitos", afirmó el fiscal González en conferencia de prensa. Entre los delitos imputados figuran asociación ilícita, coacción, extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito y encubrimiento por omisión de denuncia.

La causa derivó en 11 allanamientos en Córdoba capital, Unquillo, La Calera y Cosquín, tanto en domicilios particulares como en estudios jurídicos y oficinas de la Jefatura de Policía. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, respaldó la labor de la fiscalía y subrayó: "Desde el primer día el gobernador nos encomendó ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas. No vamos a encubrir ni esconder estos hechos".

La investigación se inició a partir del testimonio de un colega que rastreaba una banda delictiva con presuntos vínculos policiales. Las autoridades confirmaron que los responsables serán separados de la fuerza y que se trata de un caso "muy grave". No se descartan nuevas detenciones o imputaciones en las próximas horas.

Este episodio se suma a otros recientes que han puesto en entredicho la credibilidad de la Policía de Córdoba, reforzando la urgencia de reformas y controles internos. El caso continúa en desarrollo y se espera que marque un antes y un después en la política de transparencia institucional de la provincia.