En una sesión que marcó un hito en la política judicial de la provincia de Buenos Aires, el Senado bonaerense aprobó la designación de 131 jueces y fiscales, en lo que fue la primera sesión ordinaria del año. Este movimiento busca reducir el alto porcentaje de vacantes en el sistema judicial provincial, que arrastraba un 25% de puestos sin cubrir, afectando su funcionamiento.

La sesión, realizada el 29 de mayo de 2025, fue producto de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición. Según fuentes legislativas, el proceso se aceleró gracias a negociaciones lideradas por el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena, y otros actores clave. En el último año y medio, se han aprobado 317 pliegos judiciales, un avance significativo comparado con los 36 nombramientos realizados durante el primer mandato del gobernador Axel Kicillof.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias. La senadora Florencia Arietto, de La Libertad Avanza, denunció irregularidades en algunos nombramientos, señalando vínculos políticos y acusaciones previas contra ciertos candidatos. Entre los cuestionados se encuentran Gabriel Vitale, ascendido a camarista, y Carlos Baccini, promovido a Fiscal General de Lomas de Zamora, ambos con antecedentes de investigaciones judiciales en curso.

Arietto también criticó la filiación política de algunos designados, acusándolos de estar alineados con sectores del oficialismo. “Muchos pliegos tienen muchísimo ruido”, afirmó la senadora, destacando la falta de transparencia en el proceso.

Por otro lado, el oficialismo defendió las designaciones como un paso necesario para mejorar el desempeño del sistema judicial. “La gente le reclama a la política, pero también le reclama a la Justicia. Teníamos una deuda y la seguíamos teniendo con otros pliegos que están a la espera”, declaró Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta.

El impacto de estas designaciones es significativo, ya que busca aliviar la carga de jueces y fiscales que actualmente deben atender múltiples despachos y turnos consecutivos. Sin embargo, las críticas podrían afectar la percepción pública del sistema judicial y generar tensiones políticas en la provincia.

En el contexto político, este movimiento también refleja un esfuerzo del gobernador Kicillof por dejar una impronta en el sistema judicial antes de finalizar su mandato. Con 18 departamentos judiciales en el Conurbano y el interior, la provincia enfrenta desafíos estructurales que requieren soluciones urgentes.

A pesar de las críticas, la aprobación de los pliegos representa un avance en la normalización del sistema judicial bonaerense. Sin embargo, las objeciones plantean interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso, dejando abierta la discusión sobre el impacto político y social de estas designaciones.