La provincia de Tierra del Fuego se encuentra inmersa en una fuerte controversia por la posible habilitación de la salmonicultura, una actividad prohibida desde 2021 por la Ley 1355. En las últimas semanas, legisladores de distintos bloques, incluyendo La Libertad Avanza y el oficialismo, impulsaron proyectos para modificar la normativa y permitir la cría de salmones y truchas en aguas provinciales, exceptuando el Canal Beagle.

El debate se intensificó tras la aprobación de un dictamen favorable en una sesión conjunta de comisiones, realizada en la localidad de Río Grande. La sesión fue calificada de irregular por la presidenta de la Comisión de Ambiente, Laura Colazo, quien denunció que el dictamen se emitió en su ausencia y sin su consentimiento, lo que la llevó a renunciar a su cargo. Colazo sostuvo que el procedimiento vulneró principios de transparencia y participación institucional.

El gobernador Gustavo Melella expresó públicamente su apoyo a la iniciativa, argumentando que la provincia necesita generar empleo y diversificar su matriz productiva ante la crisis industrial y el aumento de la pobreza. Según datos oficiales, más de 90.000 personas viven bajo la línea de pobreza en Tierra del Fuego, mientras que el régimen industrial perdió más de 8.000 empleos en los últimos años.

El proyecto propone mantener la prohibición en el Canal Beagle, pero habilitar la actividad en otros cuerpos de agua, bajo la premisa de garantizar la sustentabilidad ambiental y el bienestar social. Sin embargo, organizaciones ambientales, científicos y comunidades indígenas rechazan la iniciativa, advirtiendo sobre los riesgos de contaminación, uso intensivo de antibióticos, pérdida de biodiversidad y desplazamiento de la pesca artesanal. También señalan posibles impactos en la salud humana y cuestionan la falta de consulta previa a los pueblos originarios y la ausencia de información sobre las empresas involucradas y los controles ambientales previstos.

El modelo chileno de salmonicultura es citado como ejemplo de éxito económico, con miles de empleos y exportaciones millonarias, pero también como advertencia por los problemas ambientales generados. El debate en Tierra del Fuego enfrenta dos visiones contrapuestas: quienes ven en la salmonicultura una oportunidad estratégica para el desarrollo económico y quienes alertan sobre los costos ecológicos y sociales de introducir una actividad de alto impacto en ecosistemas sensibles.

El desenlace dependerá de la decisión de la Legislatura fueguina y del Ejecutivo provincial. Mientras tanto, la discusión continúa, con llamados a mayor transparencia, consulta y análisis de los impactos a largo plazo.