El Gobierno argentino ha lanzado un plan para incentivar el uso de dólares no declarados, con el objetivo de formalizar parte de los ahorros informales y estimular la economía. Según estimaciones, los argentinos poseen entre USD 213.000 millones y USD 246.000 millones fuera del sistema financiero, y el plan busca canalizar hasta USD 16.000 millones hacia el sistema formal.

Las medidas incluyen la flexibilización de regímenes informativos y la creación de un régimen simplificado para el impuesto a las ganancias. Además, se permitirá realizar transacciones en dólares sin justificar el origen de los fondos, con la intención de fomentar la bancarización, el crédito privado y la remonetización de la economía. Según GMA Capital, los objetivos del plan son aumentar las reservas, mejorar la productividad y dinamizar la actividad económica.

Sin embargo, las medidas han generado críticas y dudas. Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, cuestionó la falta de seguridad jurídica y calificó el plan como un "blanqueo encubierto". ARBA, la agencia de recaudación de la provincia, ha señalado que mantendrá sus regímenes de fiscalización, lo que podría limitar el impacto del plan. Por su parte, el economista Carlos Melconian calificó las medidas como "modestas" y advirtió sobre los riesgos de una "dolarización endógena".

El FMI también ha intervenido, advirtiendo que las medidas deben cumplir con estándares internacionales contra el lavado de dinero. A pesar de estas críticas, el Gobierno espera que el plan contribuya a aumentar las reservas netas en un 80% y a mejorar los indicadores de inclusión financiera, como el ratio de crédito sobre el PIB, que actualmente es inferior al 20%.

El éxito del plan dependerá en gran medida de la confianza institucional y de la capacidad del Gobierno para implementar cambios estructurales en la economía. Mientras tanto, las provincias y el sector privado observan con cautela, evaluando los posibles beneficios y riesgos de esta iniciativa.