El concejal Jonatan Arce presentó su renuncia a la banca que ocupaba en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, luego de que se hiciera público que se negó a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. La noticia, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios de comunicación, generó un fuerte impacto político y social en la ciudad bonaerense.

Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, fue abordado por inspectores municipales en un operativo de rutina. Al negarse a someterse al test, la normativa vigente consideró la infracción como "positiva por presunción", lo que derivó en una multa de $1.412.800. La presión social, especialmente de familiares de víctimas de siniestros viales nucleados en la organización Estrellas Amarillas, fue determinante para que el edil presentara su dimisión.

En una carta difundida en redes sociales, Arce reconoció su error y asumió la responsabilidad: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas". Además, justificó su renuncia en la necesidad de no afectar el funcionamiento institucional ni perjudicar a su espacio político.

La salida de Arce ocurre en una semana clave para el Concejo Deliberante, ya que está previsto el debate sobre la suba de tasas municipales. La renuncia obliga a definir rápidamente a su reemplazante, con varios nombres en consideración, aunque la decisión final dependerá de acuerdos políticos internos. Hasta el momento, ni el Ejecutivo municipal ni el bloque oficialista han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

El episodio revive antecedentes similares en la ciudad y refuerza la política de "tolerancia cero" al alcohol al volante, marcando un precedente sobre la exigencia de transparencia y responsabilidad en la función pública. El caso de Arce es visto como un ejemplo de la presión social y la importancia de la conducta ética de los representantes públicos.