La Justicia federal de Bariloche resolvió extender por un año la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso acusado de liderar una organización transnacional dedicada a la trata de personas bajo la fachada de un grupo espiritual y de yoga. La decisión, tomada por el juez de Garantías Gustavo Zapata tras una audiencia celebrada el 1 de abril, responde a la complejidad del expediente y a la existencia de pruebas pendientes, como la traducción de documentación y el análisis de dispositivos electrónicos incautados.

El caso salió a la luz en marzo de 2025, cuando una joven rusa de 22 años, embarazada, fue detectada en situación de sometimiento en el Hospital Zonal de Bariloche. El personal médico, al notar que la joven no podía comunicarse libremente y que sus acompañantes respondían por ella, realizó la denuncia que desencadenó la investigación. Cuatro días después del parto, una de las acompañantes intentó inscribir al recién nacido como hijo de Rudnev, lo que fue interpretado por la fiscalía como un intento de obtener la nacionalidad argentina para facilitar la residencia en Brasil y consolidar la organización en la región.

Los allanamientos en propiedades vinculadas al grupo revelaron condiciones compatibles con explotación: ventanas cubiertas, colchones en el piso y elementos de uso sexual. La fiscalía sostiene que la organización captaba, trasladaba y explotaba a mujeres vulnerables, utilizando el engaño y la coerción. Rudnev, con antecedentes penales en Rusia por delitos similares, habría fundado la secta Ashram Shambala hace más de tres décadas, operando en varios países.

La investigación enfrenta obstáculos significativos, como la traducción de un gran volumen de documentos en ruso, el acceso a datos encriptados y la necesidad de tomar testimonios en el exterior. Por estos motivos, la fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva y del plazo de investigación, que fue concedida hasta abril de 2027. Mientras tanto, los otros 20 imputados, en su mayoría mujeres, deberán cumplir restricciones como la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas ante la policía.

El caso, considerado uno de los más complejos de la justicia federal patagónica, pone de relieve la dimensión internacional de las redes de trata y la necesidad de cooperación judicial entre países. La resolución judicial enfatiza la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga del principal acusado, quien incluso intentó autolesionarse al momento de su detención. La causa seguirá abierta mientras se completan las diligencias pendientes, con la expectativa de que en 2027 pueda evaluarse la elevación a juicio.