El escándalo por presuntos maltratos y amenazas a niños en un hogar convivencial de Balcarce sacudió a la opinión pública y motivó la intervención de la Justicia y autoridades municipales. Audios filtrados, de más de 40 minutos de duración, revelaron insultos, humillaciones y amenazas proferidas por Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, y Marisa Benaduche, empleada del mismo establecimiento, contra al menos tres menores de entre 10 y 12 años.

La situación salió a la luz tras la denuncia de una empleada y la dirección de la Escuela Especial 502, lo que llevó a la intervención del Juzgado de Familia N°6 de Mar del Plata. Los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina investigan los hechos, que incluyen frases como "te la voy a hacer miserable" y amenazas de castigos físicos y humillaciones públicas. Las acusadas fueron apartadas de sus cargos y se les prohibió acercarse a los menores involucrados a menos de 200 metros, así como cualquier tipo de contacto.

El intendente de Balcarce, Esteban Reino, expresó su "profunda preocupación" y destacó la colaboración del municipio con la Justicia. "Lo más importante hoy es cuidar a los chicos. Ellos deben estar protegidos, contenidos y acompañados, sin quedar en el medio de conflictos ni exposiciones que los perjudiquen", afirmó Reino, quien también subrayó la necesidad de una rápida conformación de una nueva comisión directiva en la entidad.

La comunidad local reaccionó con indignación y organizó una manifestación en la Plaza Libertad para exigir justicia y mayor control sobre las instituciones de cuidado infantil. El caso reavivó el debate sobre la protección de la infancia y la supervisión estatal de los hogares convivenciales, en un contexto de creciente preocupación por la vulnerabilidad de los menores institucionalizados.

Las acusadas deberán presentarse a declarar ante la Justicia la próxima semana, mientras continúan las investigaciones y se refuerzan las medidas de resguardo para los niños afectados. El municipio, por su parte, reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades judiciales y velar por el bienestar de los menores.