La Justicia unificó las penas y Lázaro Báez deberá cumplir 15 años de prisión por la Ruta del Dinero K y Vialidad
• Lázaro Báez deberá cumplir 15 años de prisión tras unificar sus condenas por lavado de dinero y fraude en la obra pública. • La multa asciende a 329 millones de dólares. • Decisión firme del Tribunal Oral Federal 4. #Justicia #Argentina



El empresario Lázaro Báez deberá cumplir una pena unificada de 15 años de prisión, según resolvió el Tribunal Oral Federal 4 tras consolidar las condenas firmes por lavado de dinero y fraude en la obra pública. La decisión, tomada por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, responde a la acumulación de una condena de 10 años por la llamada "Ruta del Dinero K" y otra de 6 años por el caso Vialidad, en el que también fue juzgada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la audiencia, la defensa de Báez solicitó una reducción de la pena a 6 años, argumentando que los fondos cuestionados ya habían sido contemplados en la causa de lavado. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió una condena de 16 años, mientras que la fiscalía propuso 15 años. Finalmente, el tribunal optó por la unificación en 15 años, considerando la magnitud de los delitos, la sofisticación de las maniobras y el rol central de Báez en la estructura delictiva.
El fallo también ratificó una multa de 329 millones de dólares, equivalente a seis veces el monto lavado, y destacó el daño al Estado, calculado en más de 84.800 millones de pesos. Los jueces subrayaron el uso de sociedades pantalla y paraísos fiscales para ocultar el origen ilícito de los fondos, así como la prolongación de las maniobras durante más de una década.
Báez, quien permanece detenido en la Unidad Penal 15 de Río Gallegos, no tiene más instancias de apelación tras la confirmación de las condenas por la Corte Suprema. Sin embargo, su defensa aún puede impugnar el cálculo de la unificación de penas ante la Cámara Federal de Casación. El caso representa un precedente relevante en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos en Argentina, involucrando a figuras centrales del kirchnerismo y marcando un hito en la jurisprudencia penal del país.
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