El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente que intendentes de la oposición habrían solicitado dinero en efectivo a cambio de aprobar un proyecto de endeudamiento por 600 millones de dólares. La acusación, realizada en una entrevista radial, desató una inmediata reacción de los jefes comunales señalados, quienes rechazaron enfáticamente los señalamientos y exigieron al mandatario provincial que presente pruebas o se retracte.

Aldo Aravena, intendente de 28 de Noviembre, negó haber solicitado fondos y confirmó el envío de una carta documento al gobernador, intimándolo a formalizar la denuncia ante la Justicia. "Si vienen concejales y me piden dinero en efectivo para aprobar una ordenanza, lo primero que hago es denunciarlos. No sé qué está esperando el gobernador para hacer la denuncia", expresó Aravena, quien también cuestionó la distribución de los recursos y la falta de asistencia financiera a los municipios del interior.

Por su parte, Pablo Grasso, jefe comunal de Río Gallegos, consideró que las declaraciones de Vidal afectan su honor y podrían constituir delitos penales. Grasso también remitió una carta documento exigiendo que el gobernador ratifique o rectifique sus dichos, advirtiendo que, de no hacerlo, iniciará acciones legales por calumnias e injurias.

El proyecto de endeudamiento, impulsado por el Ejecutivo provincial, busca financiar obras de infraestructura y liberar partidas presupuestarias para mejorar salarios estatales. Sin embargo, la iniciativa permanece trabada en la Legislatura, donde la oposición exige mayor transparencia y equidad en la distribución de los fondos.

Desde el bloque Unión por la Patria, los legisladores repudiaron las acusaciones de Vidal y reclamaron diálogo y respeto institucional. "La democracia se construye sobre el diálogo, el respeto a las diferencias y la búsqueda de consensos, no sobre la descalificación ni la sospecha permanente", señalaron en un comunicado.

El conflicto se da en un contexto de crisis económica, reclamos salariales y tensiones políticas crecientes en la provincia. El desenlace de la disputa podría tener implicancias en la gobernabilidad y el futuro financiero de Santa Cruz.