El gobierno argentino enfrenta una situación crítica tras el fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York, que condena al país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. Mientras la Procuración General del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, apela la sentencia ante la Cámara de Apelaciones, el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, mantiene negociaciones reservadas con Burford Capital, el fondo que ganó el litigio.

La estrategia oficial se divide en dos frentes. Por un lado, la Procuración sostiene que la expropiación de YPF fue legal, respaldada por el Congreso y la Constitución, y que la jueza Preska carece de jurisdicción. Esta postura ha sido mantenida por sucesivos gobiernos argentinos. Por otro lado, desde la llegada de Javier Milei al poder, se intensificaron los contactos con Burford Capital, a través del lobbysta Gerardo Mato, quien incluso ofreció apoyo financiero durante la campaña presidencial.

Fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que Caputo ha recibido en varias ocasiones a Mato para explorar un posible acuerdo. La propuesta en análisis contempla el pago mediante bonos con una quita significativa sobre el monto reclamado, plazos extensos y tasas elevadas, presentándolo como la única alternativa para "salvar a YPF".

Sin embargo, esta vía choca con la estrategia judicial del Estado, que insiste en la nulidad del fallo y en la defensa del interés nacional. Cualquier decisión de abandonar la apelación requeriría un decreto presidencial y podría interpretarse como una claudicación ante los fondos buitres, con eventuales consecuencias políticas y legales.

El caso YPF, originado en la expropiación de la petrolera en 2012, ha sido motivo de controversia y debate en la política argentina. El gobernador Axel Kicillof solicitó investigar los vínculos entre Milei y Burford, mientras en el mercado financiero se especula sobre el impacto de un eventual acuerdo. El desenlace de esta doble estrategia podría marcar un precedente en la relación de Argentina con los acreedores internacionales y en la gestión de sus activos estratégicos.