La difusión de un video manipulado mediante inteligencia artificial (IA) por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, en el que se simula un discurso falso del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, generó una fuerte polémica en el ámbito político provincial. El video, publicado en las redes sociales de De Loredo, utiliza imágenes de un acto real de Llaryora pero le atribuye palabras y posturas que nunca pronunció, lo que fue rápidamente detectado y denunciado por el oficialismo y diversos sectores políticos.

El bloque oficialista en la Legislatura de Córdoba, encabezado por Miguel Siciliano, calificó el hecho como "vergonzoso, inaceptable e inmoral", y sostuvo que constituye un delito. "Ninguna persona —y mucho menos un diputado nacional— puede utilizar la voz, el rostro o la imagen de otra, y menos aún la del gobernador de una provincia, para hacerle decir lo que no dijo", afirmó Siciliano, quien además reclamó la intervención de la Justicia. Intendentes de distintos partidos, reunidos en la Mesa Provincia-Municipios, también repudiaron el uso "malintencionado" de la IA y advirtieron sobre el daño a la institucionalidad y la convivencia democrática.

Por su parte, De Loredo defendió la publicación, asegurando que el video era una forma de comunicación política innovadora y que en todo momento se aclaró que se trataba de un contenido generado por IA. "Es un nuevo envase tecnológico que ayuda a llegar con un mensaje claro y con algo de ironía", argumentó el diputado, comparando el video con una viñeta humorística. Sin embargo, la viralización del material y la falta de advertencias claras en algunos fragmentos alimentaron el debate sobre los límites éticos y legales del uso de estas tecnologías en campañas electorales.

El episodio se produce en la antesala de las elecciones legislativas y en un contexto de creciente preocupación por la desinformación y el uso de deepfakes en la política argentina y mundial. Organizaciones y expertos advierten que la proliferación de este tipo de contenidos puede erosionar la confianza pública y afectar la calidad del debate democrático. El caso de Córdoba se suma a otros recientes en el país, donde la utilización de IA para manipular discursos políticos ha derivado en denuncias penales y pedidos de regulación más estricta.