El Gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto de reforma laboral que propone la eliminación de la colegiación obligatoria para diversas profesiones, entre ellas abogacía, medicina, enfermería, corretaje y martillería, principalmente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que forma parte de un paquete de desregulación más amplio, apunta a modificar el marco legal que otorga a los colegios y consejos profesionales el control sobre la matrícula y el ejercicio profesional.

Según el texto del proyecto, se derogan leyes y artículos que establecen la obligatoriedad de la inscripción en los colegios profesionales para poder ejercer. En el caso de los abogados porteños, por ejemplo, ya no sería necesario estar matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para litigar en tribunales. El Gobierno argumenta que esta medida busca reducir trabas administrativas, habilitar nuevas actividades económicas y simplificar el acceso a la profesión.

Sin embargo, la propuesta generó un fuerte debate entre los actores involucrados. Las entidades profesionales sostienen que la colegiación obligatoria es fundamental para garantizar estándares éticos, ejercer control disciplinario y proteger a los ciudadanos frente a malas prácticas. "La matrícula obligatoria trasciende la simple registración formal; es la piedra angular del sistema colegial contemporáneo", afirmó Bienvenido Rodríguez Basal, presidente del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto también contempla la derogación de estatutos laborales históricos y la Ley de Teletrabajo, lo que amplía el alcance de la desregulación. La reforma retoma lineamientos ya impulsados por el Ejecutivo en 2023 a través del DNU 70, cuya aplicación fue suspendida por la Justicia.

De aprobarse, la reforma modificaría de manera sustancial la estructura de control y representación de las profesiones liberales, abriendo la puerta a una mayor competencia y a cambios en la economía de los colegios profesionales. El debate continúa en el Congreso, con posturas encontradas entre el Gobierno, que defiende la desregulación, y los colegios profesionales, que advierten sobre los riesgos para la calidad y la ética profesional.