La provincia de Córdoba se vio sacudida por la polémica tras la difusión de un video falso creado con inteligencia artificial por el diputado nacional Rodrigo de Loredo. En la pieza audiovisual, se simula la imagen y voz del gobernador Martín Llaryora pronunciando un discurso que nunca existió, lo que generó un inmediato rechazo de distintos sectores políticos y sociales.

El gobernador Llaryora, desde un acto en Río Cuarto, expresó su "dolor" por lo que consideró una injuria y exigió públicamente que De Loredo retire el video y pida disculpas. "Me han injuriado y eso, siempre, duele", afirmó el mandatario, advirtiendo que, de no cumplirse su pedido, podría recurrir a la Justicia. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y legisladores oficialistas se sumaron al repudio, calificando el hecho como una "grave injuria institucional".

Desde la oposición, el senador Luis Juez fue contundente al calificar la acción de De Loredo como "una pelotudez marca cañón" y lo instó a disculparse. "No me van a ver a mí recurrir a una mentira para criticar a Llaryora", sostuvo Juez, quien también advirtió sobre los riesgos de habilitar prácticas engañosas en la política.

Por su parte, De Loredo defendió su accionar argumentando que el video era un recurso irónico y que cumplió con todos los protocolos de transparencia, aclarando en varias instancias que se trataba de una simulación. "El objetivo del video es hablar del contenido del mensaje", explicó el diputado, quien insistió en que su intención no fue engañar sino poner en debate los problemas de la provincia.

El episodio tuvo repercusiones en el escenario político local, enfriando posibles acuerdos entre la UCR y el PRO, y motivó la presentación de un proyecto de ley por parte del diputado Oscar Agost Carreño. La iniciativa busca inhabilitar a candidatos que participen en la creación o difusión de deepfakes con fines electorales, reflejando la preocupación creciente por el impacto de la inteligencia artificial en la democracia.

El caso reavivó el debate sobre la regulación del uso de IA en campañas políticas, en un contexto donde Argentina aún carece de legislación específica sobre el tema, aunque existen antecedentes judiciales recientes. La controversia pone en primer plano la necesidad de establecer límites claros para evitar la manipulación y proteger la integridad del proceso electoral.