El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha decidido derogar la Resolución N° 187/2025, que regulaba las auditorías de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La medida, formalizada a través de la Resolución N° 1172/2025 publicada en el Boletín Oficial, busca replantear los procedimientos de revisión para garantizar mayor equidad y transparencia en la asignación de estos beneficios.

La normativa anterior, implementada en enero de este año, establecía un sistema de auditorías que incluía entrevistas y verificaciones médicas a más de un millón de beneficiarios. Según el Gobierno, estas auditorías eran necesarias para combatir irregularidades detectadas en el sistema, como beneficiarios sin discapacidad certificada, documentos falsificados y personas privadas de libertad que seguían recibiendo pagos. En auditorías previas, se identificó que aproximadamente el 80% de los beneficiarios no cumplían con los requisitos establecidos.

Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), explicó que la derogación permitirá diseñar un nuevo esquema de auditoría más justo y alineado con estándares internacionales. "Con posterioridad a su entrada en vigencia, se han identificado diversas observaciones y oportunidades de mejora en los criterios de evaluación contenidos en dicho baremo, especialmente en lo referido a la incorporación de referencias a normativas internacionales", afirmó Spagnuolo.

Casos emblemáticos de fraude fueron detectados en provincias como Chaco y localidades como La Matanza y Quilmes. En Chaco, por ejemplo, de los 2.689 beneficiarios citados, el 66.79% no cumplía con los requisitos y fue dado de baja. En La Matanza, un hombre obtuvo su pensión tres días después de presentar la solicitud, a pesar de que su evaluación médica fue negativa. En Quilmes, un beneficiario recibió el pago en solo seis días, aunque cumplía prisión domiciliaria.

La Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones sociales han expresado preocupación por el impacto de estas medidas en sectores vulnerables. Durante una reunión en Rosario, se discutieron las dificultades generadas por el nuevo proceso de auditorías, incluyendo la falta de planificación, la escasa información oficial y el impacto negativo en personas en situación de extrema vulnerabilidad. La Defensoría ha solicitado la prórroga de los plazos, la suspensión de medidas punitivas y la publicación de un padrón público de beneficiarios y turnos asignados para garantizar transparencia y accesibilidad.

El Gobierno, por su parte, ha reiterado su compromiso de asegurar que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. La Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas se encuentra trabajando en una nueva propuesta que actualice los criterios técnicos y metodológicos para la evaluación de la invalidez laboral, con el objetivo de corregir irregularidades sin generar un impacto drástico en los beneficiarios que realmente necesitan el apoyo del Estado.