El empresario Lázaro Báez, protagonista de la causa conocida como la "Ruta del Dinero K", fue detenido y trasladado a una cárcel común para cumplir la condena de diez años de prisión por lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal 4, presidido por el juez Néstor Costabel, tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Báez, de 69 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en una residencia de El Calafate, Santa Cruz, desde donde fue escoltado por personal de Gendarmería Nacional hasta la Unidad Penitenciaria 15 de Río Gallegos. Según el cómputo oficial, al empresario le restan más de seis años de prisión efectiva, luego de descontar el tiempo ya cumplido en detención preventiva.

La causa, que investigó maniobras de lavado de dinero por más de 54 millones de dólares entre 2010 y 2013, involucró a Báez y a otros exsocios y familiares, quienes habrían utilizado estructuras jurídicas y financieras para canalizar fondos de origen ilícito. El fallo judicial determinó que el dinero fue expatriado y luego reingresado al país simulando inversiones, principalmente a través de la empresa Austral Construcciones.

La defensa de Báez había solicitado que la condena se cumpliera en su domicilio, alegando razones personales, pero el tribunal consideró que no existían circunstancias excepcionales que justificaran esa modalidad. "La sentencia condenatoria ha pasado en autoridad de cosa juzgada y se ha tornado operativo su cumplimiento", sostuvo el juez Costabel en la resolución.

El caso, que tuvo amplia repercusión mediática por las imágenes de dinero contado en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita", es considerado emblemático en la lucha contra la corrupción en la Argentina. Además de Báez, la sentencia afecta a otros implicados y a la expresidenta Cristina Kirchner, quien quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La decisión judicial fue recibida con satisfacción por sectores que reclaman mayor transparencia, mientras que la defensa de Báez anticipó que insistirá con el pedido de prisión domiciliaria. El fallo marca un nuevo capítulo en la causa y refuerza el mensaje de la justicia argentina en casos de corrupción de alto perfil.