Comunidades educativas de todo el país han lanzado una campaña nacional para exigir a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa, impulsada por familias, estudiantes, docentes y no docentes de universidades nacionales, busca reunir un millón de firmas para presionar al máximo tribunal a que ordene la transferencia inmediata de fondos y la actualización presupuestaria para el sector.

El petitorio fue presentado en una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de representantes de colegios preuniversitarios y universidades de CABA, La Plata, Córdoba, Salta y Río Cuarto. Los organizadores señalaron que la situación afecta no solo a las universidades, sino también a los niveles inicial, primario y secundario que dependen de ellas, así como a hospitales universitarios y becas estudiantiles.

El reclamo surge en un contexto de ajuste presupuestario y congelamiento de paritarias, que ha llevado a que el 85% de los docentes y el 60% de los trabajadores no docentes perciban salarios por debajo de la línea de pobreza, según datos citados por los gremios. Además, denuncian el deterioro de las condiciones de funcionamiento institucional y la falta de actualización de las becas desde diciembre de 2023.

Mientras tanto, gremios como AGD, ATURC y CTA, junto a agrupaciones estudiantiles, han realizado jornadas de protesta y visibilización en universidades como la UNRC, reclamando el cumplimiento total de la ley y la recuperación salarial. El reciente acuerdo entre rectores universitarios y el Gobierno es considerado insuficiente por amplios sectores, que insisten en la necesidad de una solución integral.

La campaña nacional busca transformar la defensa de la educación pública en una acción colectiva que involucre a familias, sindicatos y organizaciones sociales de todo el país. El objetivo inmediato es frenar el vaciamiento presupuestario y garantizar una educación gratuita, laica y de calidad, en línea con la ley aprobada por el Congreso. El desenlace del conflicto dependerá de la decisión que tome la Corte Suprema en las próximas semanas.