Un grave caso de corrupción institucional sacudió a la Policía de Tucumán tras la detención de altos jefes policiales y dos presos en El Cadillal. La investigación, iniciada por una denuncia anónima, reveló que el comisario Gustavo Beltrán y el comisario Sergio Juárez, jefe y subjefe de la Unidad Regional Norte, utilizaban a reclusos y agentes policiales para realizar trabajos de albañilería en una vivienda particular.

El operativo, realizado el 11 de noviembre, contó con la presencia del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y autoridades policiales. La fiscal María Rivadeneira ordenó la aprehensión de los jefes policiales tras constatar la presencia de dos presos y un agente en la obra privada. Los detenidos, que debían estar alojados en la comisaría de Chuscha, fueron trasladados nuevamente al penal de Benjamín Paz.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la baja inmediata de Beltrán y Juárez mediante el Decreto N° 3.407/7, fundamentando la medida en "faltas gravísimas" y "conductas incompatibles con la función policial". El decreto señala que ambos lesionaron la imagen y el prestigio de la fuerza, afectando la confianza pública en la institución.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, expresó su repudio y garantizó una auditoría interna exhaustiva. "No podemos tolerar ninguna de estas situaciones que dañan la institución. Vamos a colaborar con la Justicia y realizar una auditoría exhaustiva", afirmó. El ministro Agüero Gamboa destacó la importancia de la transparencia y la sanción ejemplar para recuperar la confianza ciudadana.

El caso, que tuvo repercusión nacional, expone nuevamente la necesidad de fortalecer los controles internos y la ética institucional en las fuerzas de seguridad. La Fiscalía Penal evalúa la eventual responsabilidad penal de los implicados, mientras la investigación continúa bajo estricta reserva. El episodio reaviva el debate sobre la corrupción policial y la urgencia de reformas profundas en la provincia.