Graves incidentes se registraron este viernes en la Municipalidad de La Plata, cuando una protesta de cooperativistas y organizaciones sociales derivó en destrozos, incendio y enfrentamientos con la policía. El conflicto surgió a raíz de la decisión del municipio, encabezado por el intendente Julio Alak, de reemplazar el sistema de contratación directa de cooperativas para tareas de mantenimiento urbano por un proceso de licitación pública.

Según informaron fuentes municipales, la manifestación fue protagonizada principalmente por militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes rechazaron el nuevo esquema de contratación. Durante la protesta, los manifestantes rompieron vidrios, puertas y vitrales del Palacio Municipal, e iniciaron un incendio en el acceso principal al edificio. "El gobierno municipal de La Plata siempre ha estado abierto al diálogo, pero no aceptará ningún tipo de extorsión ni mecanismos violentos", expresaron desde la administración local.

Los incidentes ocurrieron mientras se desarrollaba un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones, con la presencia de más de 300 vecinos. Como consecuencia de los disturbios, al menos un vecino y seis policías resultaron heridos, y la policía detuvo a entre 19 y 22 personas. El municipio presentó una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad.

Desde el MTE, en tanto, negaron que los detenidos pertenezcan a su organización y denunciaron una "campaña de persecución política y mediática". "Frente a la quita de nuestro sustento, fuimos a reclamar pacíficamente. La tensión fue generada por el Municipio, que cerró la mesa de diálogo y ordenó la represión", afirmaron en un comunicado.

El municipio justificó el cambio en el sistema de contratación por exigencias del Tribunal de Cuentas bonaerense, que advirtió sobre la ilegalidad de las contrataciones directas y exigió la implementación de licitaciones públicas. Según estimaciones oficiales, el sistema anterior representaba un gasto anual de más de mil millones de pesos.

El episodio generó repercusiones políticas, con concejales opositores exigiendo sanciones a los responsables y un debate sobre la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. El conflicto evidencia la tensión persistente en torno a la gestión de servicios públicos y la inclusión laboral en la ciudad.