La desaparición de dos cachorros de yaguareté tras un operativo de traslado en Misiones ha generado una fuerte controversia y una investigación judicial en curso. El procedimiento, realizado en octubre de 2025 por el Ministerio de Ecología de Misiones junto a otras organizaciones, tenía como objetivo reubicar a una hembra adulta llamada Pará y sus crías, luego de que la presencia del animal en zonas urbanas de Puerto Iguazú provocara preocupación entre los vecinos por ataques a mascotas y apariciones en viviendas.

El operativo se llevó a cabo en la zona conocida como “Las 2000 hectáreas” y culminó con la liberación de los tres ejemplares en el Parque Provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, a unos 150 kilómetros del lugar de captura. Sin embargo, tras la liberación, los sistemas de monitoreo dejaron de registrar a los cachorros, mientras que la madre fue seguida mediante un collar satelital. Esta situación encendió las alarmas entre organizaciones conservacionistas y derivó en la apertura de una causa por parte de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima).

Especialistas y ONG como Red Yaguareté han denunciado posibles irregularidades en la planificación y ejecución del traslado, señalando que la decisión de mover a una hembra con crías tan pequeñas contraviene las recomendaciones técnicas y puede poner en riesgo la vida de los animales. “El traslado de una hembra con crías tan pequeñas, contra toda indicación técnica, es el resultado de una grave improvisación”, afirmó Nicolás Lodeiro, director de Red Yaguareté. Por su parte, el Ministerio de Ecología defendió la medida como una acción excepcional ante una situación crítica, argumentando que otras alternativas de manejo no habían dado resultado.

La Justicia investiga si hubo negligencia, errores de ejecución o si la desaparición de los cachorros responde a un desenlace natural en un contexto de alto riesgo biológico. Mientras tanto, el área permanece bajo monitoreo, aunque no se han brindado actualizaciones públicas recientes sobre el estado del grupo familiar. El caso pone en el centro del debate la gestión de especies en peligro crítico de extinción y la necesidad de protocolos rigurosos para su protección.