El gobierno de Río Negro confirmó que el próximo 3 de julio se realizará el pago conjunto de sueldos y medio aguinaldo a todos los empleados estatales de la provincia, acompañado de un aumento salarial del 4,28%. La medida, anunciada por el gobernador Alberto Weretilneck durante una actividad oficial en Ingeniero Jacobacci, representa una inversión de $170.000 millones y busca reconocer la labor diaria de los trabajadores estatales, así como mitigar el impacto de la inflación en sus ingresos.

Según informaron fuentes oficiales, el incremento salarial fue acordado en el marco de la Mesa de la Función Pública y responde a un mecanismo automático que ajusta los haberes en función del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y el nacional. Este sistema permite que los aumentos se acumulen mensualmente, asegurando que los salarios acompañen la evolución de los precios y protejan el poder adquisitivo de los empleados públicos.

El pago alcanzará a personal de salud, policía, penitenciarios, docentes, porteros, bomberos voluntarios, y empleados de los poderes Legislativo y Judicial, entre otros sectores. "Todos juntos y todo junto, como un reconocimiento a la tarea que día a día lleva adelante el personal estatal para darle bienestar a los rionegrinos", expresó Weretilneck a través de sus redes sociales.

Desde el gobierno provincial destacaron que la inyección de recursos tendrá un impacto directo en la economía local, especialmente en comercios, pequeñas y medianas empresas, y sectores vinculados al consumo. La coincidencia del pago de sueldos y aguinaldo suele generar un fuerte movimiento económico en la provincia, beneficiando tanto a los trabajadores como a los comerciantes.

El anuncio fue recibido con expectativas positivas por parte de los empleados públicos y comerciantes, quienes esperan que la medida ayude a dinamizar la economía en un contexto de alta inflación. No se registraron reacciones negativas en las fuentes consultadas. El gobierno provincial reiteró su compromiso de acompañar la evolución de los precios y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, en un escenario económico desafiante para la región y el país.