La jueza federal Sandra Arroyo Salgado concedió la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, acusada de participar en el ataque al domicilio del diputado nacional José Luis Espert. La medida fue adoptada tras informes médicos que advirtieron sobre el delicado estado de salud de Abaigar, quien padece una enfermedad pulmonar grave, y la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado en el penal de Ezeiza.

El episodio que originó la causa ocurrió el 17 de junio en San Isidro, cuando un grupo arrojó bolsas con estiércol y colocó un pasacalles con mensajes ofensivos frente a la casa de Espert. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los presuntos responsables, entre ellos Abaigar, quien fue detenida el 25 de junio tras una serie de allanamientos. La jueza había rechazado inicialmente la excarcelación, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación y la gravedad institucional del hecho, dado que la víctima es un legislador nacional.

La defensa de Abaigar insistió en que la permanencia en prisión ponía en riesgo su vida, respaldándose en informes del Cuerpo Médico Forense. Finalmente, Arroyo Salgado dispuso el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica y controles periódicos, a la espera de la resolución de la Cámara Federal sobre la continuidad de la detención.

El caso generó fuertes reacciones políticas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó públicamente a la acusada y al Ministerio de Mujeres. Por otro lado, legisladores como Mariano Recalde y Vanesa Siley denunciaron a la jueza ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y detenciones arbitrarias, argumentando que el hecho podría ser considerado una contravención municipal y no ameritaba prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad.

El episodio se enmarca en un contexto de alta polarización política, tras recientes controversias protagonizadas por Espert y en medio de debates sobre el uso de la prisión preventiva y el trato judicial a militantes políticos. La investigación continúa para identificar a otros posibles involucrados, mientras el caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y judicial.