La Cancillería argentina renovó en febrero de 2026 un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para la capacitación en inglés de su personal diplomático, por un monto superior a los 113 millones de pesos. La particularidad de la operación reside en que la directora ejecutiva de la AACI es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo que desató cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses y nepotismo en la administración pública.

El contrato, que abarca cursos y talleres para 132 agentes entre marzo y noviembre, fue adjudicado bajo la modalidad de Adjudicación Simple por Especialidad, siendo la AACI la única oferente. Ante el vínculo familiar, la Cancillería activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, lo que implicó la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Además, se firmó un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad educativa, comprometiendo a ambas partes a evitar cualquier tipo de dádiva o acto de corrupción.

El canciller Pablo Quirno defendió la legalidad del proceso y aseguró en redes sociales que "no hay absolutamente ninguna irregularidad". Quirno explicó que la AACI ha sido contratada desde 2018 y que, en esta ocasión, se aplicaron todos los controles adicionales por el vínculo con Sturzenegger. Desde el entorno del ministro también se afirmó que "está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna".

Sin embargo, la oposición y algunos medios pusieron en duda la transparencia del proceso. La senadora Juliana Di Tullio calificó el contrato como "un choreo de acá a Júpiter" y anunció que presentará una denuncia. Otros sectores señalaron la contradicción entre el discurso oficial de lucha contra la corrupción y el ajuste estatal, y la adjudicación de contratos millonarios a familiares de altos funcionarios.

El caso reaviva el debate sobre la ética pública y la necesidad de fortalecer los controles en la administración estatal, especialmente en contextos donde existen vínculos familiares entre funcionarios y proveedores del Estado. El Gobierno insiste en que se cumplieron todos los pasos legales, mientras la controversia continúa en la agenda pública.