La controversia por la instalación de una planta de hidrógeno y combustibles sintéticos en Paysandú, Uruguay, frente a la ciudad argentina de Colón, ha escalado en los últimos días, generando tensiones diplomáticas y movilización social en la región del río Uruguay. El proyecto, liderado por la empresa HIF Global, es considerado una de las mayores inversiones extranjeras en la historia uruguaya y clave para su desarrollo económico. Sin embargo, la proximidad de la planta a la costa argentina ha despertado fuertes objeciones en Entre Ríos, especialmente por su posible impacto ambiental y en el turismo local.

El gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, ha sido enfático en su reclamo: “No estamos en contra de las inversiones, si cumplen los mínimos requisitos de impacto ambiental. Lo que no podemos aceptar es que este tipo de inversiones industriales se hagan frente a nuestras playas, las más concurridas de nuestra provincia”. Frigerio advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias, la provincia podría recurrir a la Justicia internacional para frenar la obra. El mandatario también recordó el antecedente del conflicto por la planta de Botnia en Fray Bentos, que llevó a un prolongado enfrentamiento binacional entre 2005 y 2010.

Por su parte, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, ha manifestado su disposición al diálogo y a encontrar consensos con Argentina. “Sabemos lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar. Se trata de decisiones del sector privado con sugerencias del Estado. Estamos avanzando”, afirmó Orsi, quien destacó que el estudio de impacto ambiental solicitado a HIF Global incorporará las preocupaciones argentinas.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, subrayó que el proyecto se encuentra en etapa de análisis ambiental y que se busca “hacer con todas las seguridades, sin afectar el escenario ambiental”. A su vez, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, llamó a la prudencia y a evitar que el conflicto escale como ocurrió con Botnia.

Mientras tanto, organizaciones ambientalistas y sociales de Entre Ríos han intensificado sus acciones para impedir la instalación de la planta en la ubicación prevista. Carlos Serratti, de la multisectorial Somos Ambiente, expresó: “La preocupación es demasiada como para que todo el mundo esté tranquilo”. Los ambientalistas exigen transparencia, participación ciudadana y la intervención del Estado nacional argentino.

El futuro del proyecto dependerá de los resultados del estudio de impacto ambiental y de la capacidad de ambos países para alcanzar un acuerdo que equilibre desarrollo económico y protección ambiental. La experiencia previa en la región subraya la importancia de la diplomacia y la cooperación transfronteriza para evitar nuevos conflictos.