La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por estrecho margen una reforma a la Ley 1355, flexibilizando la histórica prohibición de la salmonicultura en la provincia. La nueva Ley de Acuicultura Sostenible, sancionada con ocho votos a favor y siete en contra, permitirá la instalación de salmoneras en zonas específicas bajo estrictos controles ambientales, mientras mantiene la prohibición en áreas sensibles como el Canal Beagle, la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano.

El debate legislativo estuvo marcado por una inusual alianza entre sectores kirchneristas y libertarios, quienes defendieron la reforma como una herramienta para diversificar la matriz productiva, atraer inversiones y reducir la dependencia de salmón importado desde Chile. El gobernador Gustavo Melella celebró la aprobación, afirmando que la norma "será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva" y que incorpora "los más altos estándares de control ambiental".

Sin embargo, la medida generó fuerte rechazo entre ambientalistas, sectores turísticos y parte de la oposición, quienes advirtieron sobre los riesgos ecológicos de la salmonicultura industrial y denunciaron irregularidades en el proceso legislativo. "Ratifico mi rechazo absoluto a la aprobación de esta ley que habilita salmoneras al estilo chileno en nuestra provincia", expresó el legislador Pablo Villegas, mientras que la legisladora Laura Colazo alertó sobre el impacto ambiental en la costa atlántica fueguina.

La reforma establece que todo proyecto de acuicultura deberá contar con una Evaluación Ambiental Estratégica y habilita tecnologías avanzadas como los sistemas de recirculación de agua. Además, crea un Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola y obliga a definir reglas claras para la aprobación de proyectos y el uso del agua.

La votación dividió al oficialismo y a la oposición, y se anticipa una posible judicialización de la norma. Organizaciones ambientalistas y cámaras de turismo manifestaron su repudio, calificando la medida como un "retroceso ambiental" y advirtiendo sobre la pérdida de un estatus internacional logrado en 2021, cuando la provincia fue la primera en prohibir la salmonicultura por ley.

El cambio de postura refleja la tensión entre la necesidad de desarrollo económico y la protección ambiental en un contexto de crisis. El futuro de la salmonicultura en Tierra del Fuego dependerá de la implementación efectiva de los controles ambientales y de la respuesta social y judicial a la nueva normativa.