Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno argentino, enfrenta una serie de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y manejo irregular de fondos públicos. El caso, que ha escalado en los últimos días, involucra la adquisición de una vivienda de lujo en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que no habría sido declarada en su patrimonio oficial. Documentos catastrales y registros de expensas confirman que la propiedad figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, desde noviembre de 2024.

Las acusaciones, impulsadas principalmente por la diputada opositora Marcela Pagano, incluyen la omisión maliciosa en declaraciones juradas, falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito y violación de la ley de Ética Pública. Además, se investiga el uso de vuelos oficiales y privados, tanto a Estados Unidos como a Uruguay, en los que la esposa de Adorni habría participado en comitivas oficiales sin ser funcionaria. El pago de un vuelo privado a Punta del Este, realizado por una productora de contenidos, también está bajo la lupa judicial.

Otro eje de la investigación apunta a la consultora +Be, propiedad de Angeletti, que habría recibido contratos de empresas con vínculos estatales. Se suman denuncias sobre licitaciones presuntamente direccionadas para servicios de mensajería masiva desde áreas bajo la órbita de Adorni, con posibles vínculos entre las empresas participantes.

El escándalo ha generado un fuerte debate político y mediático. Mientras la oposición exige la renuncia de Adorni y una investigación exhaustiva, el oficialismo ha optado por el silencio o la defensa del funcionario, aunque se perciben tensiones internas. El caso pone a prueba la coherencia del gobierno de Javier Milei respecto a su discurso de austeridad y lucha contra la corrupción, en un contexto de creciente presión social y judicial.

El desenlace de la investigación podría tener implicancias significativas para la administración actual, tanto en términos de credibilidad como de estabilidad política.