La Cámara Federal de Mar del Plata ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 1º de la ley 27.609, que regula la movilidad jubilatoria en Argentina. Este fallo, emitido en el caso "Giménez Mirta Noemí c/ ANSES s/ reajustes varios", establece que los haberes jubilatorios deben calcularse en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, siempre que este cálculo resulte más favorable para el jubilado afectado.

La sentencia, firmada por los jueces Eduardo P. Jiménez y Alejandro O. Tazza, argumenta que la fórmula establecida por la ley 27.609 ha resultado en una pérdida acumulada del 50,3% del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios entre 2021 y 2024. En detalle, los haberes aumentaron un 52,67% en 2021 frente a una inflación del 50,79%, pero en 2022 y 2023 las pérdidas fueron del 11,6% y 33,5%, respectivamente. En el período de diciembre de 2023 a marzo de 2024, la pérdida fue del 16,1%.

El fallo también critica los "bonos extraordinarios" otorgados por el Gobierno, señalando que estos refuerzos fueron insuficientes y discriminatorios, ya que solo beneficiaron a jubilados con haberes mínimos. Según el abogado Adrián Tróccoli, la sentencia cuestiona que el Gobierno haya reconocido los "resultados desastrosos" de la ley 27.609 sin implementar medidas compensatorias para los jubilados afectados.

La decisión de la Cámara Federal se suma a una serie de fallos judiciales que refuerzan la jurisprudencia favorable a los jubilados en casos similares. Sin embargo, el impacto fiscal de esta medida podría ser significativo, y aún no está claro si el Gobierno apelará la decisión o adoptará medidas para cumplir con el fallo.

Este fallo pone de relieve las dificultades económicas que enfrentan los jubilados en un contexto de alta inflación en Argentina. La sentencia podría sentar un precedente importante para futuros casos y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema previsional en el país.