La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la denominada Causa Vialidad. El fallo, que ratifica la sentencia por hechos de corrupción en la adjudicación de obras públicas, otorga a la exmandataria cinco días hábiles para notificarse formalmente de la decisión.

El presidente Javier Milei, quien se encuentra de gira oficial en Israel, se refirió públicamente al fallo durante un discurso en la Universidad Hebrea de Jerusalén. "La Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer", afirmó el mandatario, y agregó: "No tengo ningún mérito en que la Justicia haya obrado acorde a la república. Es todo mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. He sido consistente con mi visión republicana y dejé que los jueces actuaran libremente". Milei enfatizó que su gobierno no interfirió en el proceso judicial y destacó la importancia de la independencia de los poderes del Estado.

El rabino Simon Jacobson, quien mantuvo una reunión privada con Milei durante la gira, confirmó que el presidente consideró la noticia "importante" para la Argentina, aunque evitó manifestar emociones personales al respecto. Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha sido objeto de debate por su postura crítica hacia el uso de organismos estatales en causas judiciales y su historial como abogado defensor en casos vinculados al kirchnerismo.

El fallo de la Corte Suprema se produce en un contexto de alta polarización política y tras la reciente confirmación de la candidatura de Cristina Kirchner para las elecciones legislativas bonaerenses. Mientras sectores opositores celebran la decisión como un avance institucional, el kirchnerismo denuncia persecución política y manipulación judicial, reavivando el debate sobre la relación entre el poder político y la justicia en Argentina.

Analistas advierten que la condena a la expresidenta podría incentivar a la justicia a avanzar en otras causas contra exfuncionarios, marcando un precedente en la historia política reciente del país. El impacto del fallo y las reacciones de los distintos actores políticos continúan generando debate en la opinión pública, en un escenario de creciente tensión institucional.