Una protesta policial frente a la Jefatura de Rosario desencadenó una serie de cambios institucionales y medidas de emergencia en la provincia de Santa Fe. El conflicto, que comenzó el lunes por la noche y se extendió durante dos días, tuvo como epicentro la ciudad de Rosario, donde numerosos agentes se manifestaron en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales, especialmente tras el suicidio de un agente en Vera.

La situación generó preocupación en las autoridades provinciales, que respondieron con el pase a disponibilidad de al menos 20 uniformados y el refuerzo de patrullajes federales para garantizar la seguridad. El gobernador Maximiliano Pullaro intervino directamente en la negociación y, tras varias instancias de diálogo, anunció un aumento salarial que estableció un piso de $1.350.000 para todos los policías y un mínimo de $1.438.853 para quienes cumplen funciones operativas. "Ningún hombre o mujer de la policía o el Servicio Penitenciario de Santa Fe va a percibir un sueldo inferior a $1.350.000", afirmó Pullaro en conferencia de prensa, denunciando además la existencia de "fake news" y manipulación de datos durante el conflicto.

En paralelo, la Justicia imputó a 11 agentes por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque continuarán en libertad mientras avanza la causa. Los abogados defensores señalaron que los sumarios administrativos siguen abiertos y que los policías podrían enfrentar sanciones graves, incluyendo la exoneración.

Como consecuencia de la crisis, el jefe de la Unidad Regional II, Guillermo Solari, fue desplazado tras solo tres meses en el cargo. En su lugar, el Ministerio de Justicia y Seguridad designó a Danilo Villán, un agente de amplia trayectoria, con el objetivo de consolidar los logros del Plan de Seguridad provincial. El intendente de Rosario destacó la rápida normalización de la situación y denunció la presencia de personas ajenas a la fuerza en la protesta, al tiempo que criticó la utilización política del conflicto en redes sociales.

El episodio puso de manifiesto las tensiones internas en la policía santafesina y la necesidad de reformas estructurales en materia salarial y operativa. Las autoridades provinciales esperan que los cambios implementados permitan estabilizar la situación y evitar futuras crisis similares.