El Senado argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras el avance del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa propone eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, derogando la Ley 26.737 que actualmente establece un tope del 15% para la adquisición de tierras rurales por empresas o personas extranjeras.

El proyecto, presentado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sostiene que la eliminación de restricciones podría atraer inversiones superiores a los 15.000 millones de dólares y dinamizar las economías regionales. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación en organizaciones ambientales, científicas y comunidades originarias, que advierten sobre el riesgo de pérdida de soberanía territorial y dificultades para el acceso de productores locales a la tierra.

Uno de los puntos más controvertidos es la transferencia de la decisión final a las provincias, que podrán establecer sus propios límites a la venta de tierras. "Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro", afirmó la senadora Patricia Bullrich durante el debate en comisiones. Esta modificación fue clave para destrabar el apoyo de gobernadores y senadores provinciales.

El caso de Lago Escondido, en Río Negro, se ha convertido en un símbolo del conflicto por la extranjerización de tierras, donde la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros ha generado disputas legales y sociales por el acceso público y la soberanía. Según datos del Observatorio de Tierras, el 5% del territorio argentino ya está en manos extranjeras, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas.

El debate se produce tras la suspensión judicial de un DNU previo que buscaba eliminar la ley vigente, y en un contexto de tensiones políticas y negociaciones en el Congreso. Mientras el oficialismo argumenta que la medida permitirá el ingreso de capitales y fortalecerá el federalismo, sectores opositores y organizaciones sociales sostienen que podría facilitar la concentración de tierras y afectar el desarrollo local.

El futuro de la ley se definirá en la próxima sesión del Senado, donde se espera una votación ajustada y un debate que trasciende lo económico para instalarse en el centro de la discusión sobre la soberanía y el modelo de país.