El Senado argentino debate este jueves la modificación de la Ley de Glaciares, una norma fundamental para la protección de los cuerpos de hielo y el ambiente periglacial, que actualmente impide la explotación minera en zonas sensibles. El oficialismo impulsa la reforma argumentando que la ley vigente frena el desarrollo de industrias clave, especialmente la minería, mientras que ambientalistas, científicos y sectores de la oposición advierten sobre los riesgos para los recursos hídricos y la biodiversidad.

La iniciativa propone que las provincias sean la autoridad final para definir áreas protegidas, lo que permitiría habilitar actividades mineras en regiones actualmente restringidas. Según el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares, muchos de los cuales abastecen de agua a 36 cuencas hídricas y a más de siete millones de habitantes. El retroceso de los glaciares, registrado en los últimos años, ha incrementado la preocupación por la preservación de estos recursos.

La sesión en el Senado es compleja, con negociaciones intensas entre bloques. La UCR presentó una contrapropuesta que complica la aprobación, mientras que el peronismo está dividido, especialmente entre representantes de provincias mineras como San Juan y Catamarca. Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, busca acuerdos para garantizar la mayoría, pero enfrenta dificultades por la falta de consenso interno.

Organizaciones como Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre han manifestado su rechazo a la reforma, alertando sobre la pérdida de institucionalidad y la vulneración de principios constitucionales e internacionales. "Es una derogación tácita", afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, quien recordó que los glaciares trascienden las jurisdicciones provinciales.

En paralelo, el Senado también vota el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que cuenta con apoyo mayoritario y podría ser aprobado casi por unanimidad. Este tratado comercial implica una baja histórica de aranceles y posiciona a Argentina como el primer país en ratificar el pacto.

El debate sobre la Ley de Glaciares refleja la tensión entre la protección ambiental y el desarrollo económico, con consecuencias que podrían impactar tanto en la gestión de recursos hídricos como en la política minera nacional. Las próximas decisiones del Senado serán determinantes para el futuro de la legislación ambiental y la actividad minera en Argentina.