Un presunto caso de abuso sexual en la escuela José Cartellone, ubicada en Guaymallén, Mendoza, ha generado una fuerte conmoción en la comunidad educativa y en la sociedad mendocina. Un celador de la institución fue detenido tras ser señalado por la familia de un niño de 6 años como el presunto autor del abuso. La fiscal María de las Mercedes Moya está a cargo de la investigación, que incluye pericias genéticas y médicas para determinar la culpabilidad del acusado.

El incidente ocurrió el miércoles al mediodía, cuando la madre del menor fue llamada por las autoridades escolares para retirarlo debido a que estaba "descompuesto y mojado". Al llegar a casa, la madre descubrió rastros de sangre y semen en la ropa del niño, lo que la llevó a regresar a la escuela para denunciar el hecho. Según el relato de la familia, el niño identificó al celador como el responsable del abuso.

La situación ha generado una ola de indignación entre los padres de los alumnos, quienes se manifestaron frente a la escuela exigiendo explicaciones y denunciando un presunto encubrimiento por parte de las autoridades escolares. La directora de la institución fue retirada en ambulancia tras ser acusada de encubrimiento por los manifestantes. Algunos padres han decidido no enviar a sus hijos a la escuela hasta que se esclarezca el caso.

Por su parte, la Dirección General de Escuelas (DGE) aseguró que se activó el protocolo correspondiente y que profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) están brindando apoyo a los padres, alumnos y maestros. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para calmar la indignación de la comunidad.

El celador detenido es un trabajador suplente que llevaba poco tiempo en la institución. Según declaraciones de algunos padres, este no sería el primer caso de abuso reportado en la escuela José Cartellone, lo que ha generado un clima de desconfianza hacia las autoridades escolares y el sistema de justicia.

La fiscalía tiene un plazo de 24 a 48 horas para decidir si imputa al celador detenido. Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo justicia y medidas concretas para garantizar la seguridad de los niños en las escuelas. Este caso podría tener implicaciones más amplias sobre la confianza en las instituciones educativas y la implementación de protocolos de seguridad en el ámbito escolar.