El Gobierno nacional oficializó este martes una profunda reforma de las fuerzas federales de seguridad, mediante la publicación de cuatro decretos en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, abarca a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La reforma implica la actualización de las leyes orgánicas, la reorganización de estructuras internas y la redefinición de competencias para cada fuerza. En el caso de la PSA, se amplían sus funciones: además de la protección de aeropuertos y la aviación civil, podrá actuar fuera del entorno aeroportuario y asumir tareas de seguridad en otros medios de transporte, a requerimiento del Poder Ejecutivo. También se crea un nuevo escalafón técnico-profesional, se incorpora la figura del cadete y se refuerza el sistema disciplinario con control externo y tribunal propio.

El Servicio Penitenciario Federal, por su parte, pasa a depender del Ministerio de Seguridad y estrena un nuevo estatuto que moderniza su estructura, jerarquías y régimen de carrera. Se prevé la creación de direcciones generales específicas, un plan de infraestructura penitenciaria y la reubicación de cárceles situadas en zonas urbanas.

La Gendarmería Nacional contará con un nuevo estatuto que actualiza escalafones, grados y régimen de ascensos, y le otorga mayores atribuciones en investigación criminal, inteligencia y actuación en el ciberespacio. Además, podrá participar en misiones internacionales y proteger embajadas. La Prefectura Naval, en tanto, asume nuevas competencias en control ambiental, pesca y prevención de la contaminación, y elimina funciones obsoletas.

El Gobierno sostiene que la reforma busca dotar a las fuerzas de herramientas modernas y eficaces, fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante el delito complejo y el crimen organizado. Las fuerzas tienen 90 días para presentar proyectos de adecuación normativa. Se espera que la modernización y profesionalización de las fuerzas federales contribuya a una mayor eficiencia, transparencia y control en la seguridad pública argentina.