La reforma laboral impulsada por el Gobierno argentino obtuvo media sanción en el Senado el 12 de febrero de 2026, desatando un intenso debate sobre sus posibles efectos en el mercado de trabajo. El Ejecutivo sostiene que la iniciativa es fundamental para modernizar una legislación que, según el abogado laboralista Julián De Diego, "es de la época de las cavernas" y requiere una actualización profunda para atraer inversiones y garantizar previsibilidad.

Entre los principales cambios, la reforma propone reducir las contribuciones patronales, crear un banco de horas para flexibilizar la jornada laboral, y establecer un fondo de cese laboral financiado por una reducción de aportes jubilatorios. Además, amplía el período de prueba de tres a seis meses y reduce la indemnización por despido, eliminando el aguinaldo y otros adicionales del cálculo. También limita el derecho de huelga en actividades consideradas de importancia trascendental, exigiendo una cobertura mínima del 50% durante paros.

Especialistas advierten que la reforma podría generar una ola de judicialización, ya que muchos abogados laboralistas opositores preparan acciones legales para frenar la implementación de los artículos más polémicos. De Diego subraya que "la legislación laboral no puede ser retroactiva" y que los derechos adquiridos de los trabajadores deben ser respetados, aunque la aplicación de la nueva ley será general.

El contexto laboral argentino está marcado por una alta informalidad y un estancamiento en la creación de empleo registrado. La tasa de desocupación se mantiene estable en torno al 6-7%, pero la informalidad alcanza niveles históricos, especialmente en micro y pequeñas empresas. El coste laboral, uno de los más altos del mundo, dificulta la formalización de trabajadores.

El País destaca que, aunque la reforma busca atacar la informalidad y la "industria del juicio", sus incentivos benefician también a grandes empresas, lo que podría resultar en una transferencia regresiva de recursos desde el Estado y los trabajadores hacia el sector empresarial. Además, el mecanismo de financiamiento del fondo de cese laboral podría afectar las futuras jubilaciones, ya que se compensa la reducción de aportes con el financiamiento de indemnizaciones.

El debate sobre la reforma refleja posturas encontradas entre el Gobierno, especialistas y sindicatos. Mientras algunos consideran que la modernización es necesaria, otros advierten sobre la precarización de derechos fundamentales y la limitación de la potestad de huelga. Las consecuencias futuras dependerán de la implementación y de los posibles conflictos judiciales que surjan a partir de la nueva legislación.