El Gobierno nacional, a través del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, anunció un plan para trasladar a los carpinchos que habitan en Nordelta y otras zonas del norte del Gran Buenos Aires a un santuario en el Delta del Paraná. La medida busca abordar la creciente superpoblación de estos animales, que ha generado conflictos con los residentes de barrios privados, accidentes de tránsito y daños a mascotas y propiedades.

Según estimaciones no oficiales, más de 3.000 carpinchos viven actualmente en la región, y su número sigue en aumento. Scioli explicó que la propuesta consiste en relocalizarlos en islas de San Fernando o Tigre, donde puedan alimentarse y vivir en condiciones más adecuadas. "Nuestra idea es poner en marcha un programa de traslocación, llevarlos a un lugar donde puedan alimentarse con pasto y que funcione como una especie de santuario", afirmó el funcionario.

El plan contempla la participación de la comunidad y el seguimiento de los animales tras el traslado. "Estamos pensando en que las personas familiarizadas con esta especie puedan hacerle un seguimiento, vean que se los va a trasladar a un lugar mejor, y que puedan visitarlos. Este procedimiento se hará en acuerdo con las familias", agregó Scioli.

La iniciativa, sin embargo, ha generado un intenso debate. Organizaciones proteccionistas y algunos vecinos rechazan la mudanza forzada, argumentando que podría vulnerar leyes de protección animal y poner en riesgo tanto a los carpinchos trasladados como a los que ya habitan en el Delta. "No cumple con lo que dice el Gobierno. El Gobierno dice todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Podemos citar a la Ley de Maltrato Animal, la Ley General de Medio Ambiente, la Ley de Flora y Fauna", expresó Nora, representante de Carpinchos Nordelta.

El conflicto tiene raíces en la urbanización de humedales y la expansión inmobiliaria, que ha desplazado a la fauna local. Durante la pandemia, la presencia de carpinchos en barrios privados se hizo más visible, y desde entonces se han implementado medidas como la vacunación anticonceptiva para controlar la población, con apoyo de instituciones científicas.

El debate continúa, con posturas encontradas entre quienes buscan preservar la fauna local y quienes priorizan la seguridad y el bienestar de los residentes. El Gobierno insiste en la necesidad de encontrar una solución consensuada y respetuosa del ambiente, mientras que la comunidad y los expertos reclaman acciones basadas en la ley y en la protección de los ecosistemas.