El Gobierno nacional oficializó una actualización de los costos y subsidios para el transporte público de colectivos urbanos y suburbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medida que entró en vigencia en marzo de 2026. La Resolución 16/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece la nueva estructura de costos e ingresos medios para los servicios de pasajeros, abarcando los meses de febrero, marzo y abril, y se mantendrá hasta que se apruebe una nueva revisión.

El principal motivo del ajuste fue el reciente acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias, que incluyó un aumento salarial escalonado y gratificaciones extraordinarias para los trabajadores del sector. Según la normativa, el salario básico de un chofer sin antigüedad alcanzará en abril los $2.001.278, a lo que se suman viáticos diarios de $19.000, totalizando $456.000 mensuales adicionales.

La actualización también contempla el incremento de insumos esenciales como el gasoil, los seguros, el valor del parque móvil y otros gastos operativos. El costo por kilómetro se estabilizó en rubros como energía y neumáticos, aunque los salarios del personal representan el mayor peso en la estructura de gastos.

En cuanto a tarifas, el boleto mínimo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se fijó en $681,85 para usuarios con SUBE registrada y $1.084,14 para quienes no la hayan nominalizado. En la provincia de Buenos Aires, los valores ascienden a $832,57 y $1.323,79 respectivamente. La tarifa social de la SUBE, que otorga un descuento del 55%, sigue vigente para jubilados, pensionados y otros beneficiarios, mientras que el boleto estudiantil continúa ofreciendo hasta 50 viajes mensuales gratuitos para alumnos de escuelas públicas y privadas con subsidio total.

El financiamiento de los subsidios proviene del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), de impuestos sobre combustibles y partidas del Presupuesto nacional, transferidas al fideicomiso administrado por el Banco Nación. El Estado nacional cubrirá cualquier diferencia si los subsidios sociales superan las compensaciones tarifarias calculadas.

La medida fue valorada por las cámaras empresarias como fundamental para evitar conflictos laborales y garantizar la continuidad del servicio. Desde el Gobierno, se argumenta que la actualización es necesaria para mantener el equilibrio económico-financiero del sistema y asegurar la calidad del transporte público. Sin embargo, usuarios y organizaciones sociales expresaron preocupación por el impacto de los aumentos, aunque reconocen que los beneficios sociales y estudiantiles ofrecen cierto alivio a los sectores más vulnerables.

El ajuste se da en un contexto de inflación y suba de insumos, y busca garantizar la operatividad del sistema de transporte en el AMBA, que incluye unidades propulsadas por GNC y eléctricas, según relevamientos de la CNRT. Se prevé que la estructura de costos y subsidios se mantenga vigente hasta una nueva revisión oficial.