El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras el anuncio del Gobierno nacional de avanzar con una reforma estructural que podría modificar su histórica autonomía y modelo federal. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, contempla la reorganización de organismos públicos, recortes presupuestarios, despidos de personal y una redefinición de la gobernanza del INTA, aumentando la representación estatal en detrimento del sector productivo y académico.

Actualmente, el INTA es considerado uno de los organismos de ciencia y tecnología con mayor presencia territorial en Argentina, con casi 70 años de historia y un rol clave en la innovación y el desarrollo rural. Su modelo de gestión, basado en la autarquía y la participación mayoritaria del sector agropecuario en el Consejo Directivo, ha sido destacado como un ejemplo de gobernanza público-privada. Sin embargo, la propuesta oficial busca reducir el número de miembros del Consejo, eliminando la representación universitaria y otorgando mayor peso al Estado, lo que ha generado preocupación entre productores, científicos y autoridades provinciales.

Ariel Pereda, director nacional del INTA, advirtió en el Senado que "lo que está en juego es la posibilidad de que el INTA se convierta en un organismo que va y viene según el color político de turno. Eso sería gravísimo para una institución científica". Por su parte, Juan Cruz Molina, director regional Córdoba, subrayó que "cambiar estas cuestiones fundacionales del INTA, que lleva casi 70 años trabajando con todos los gobiernos, sería grave. La autonomía permite responder directamente a las necesidades de los productores".

El sector agropecuario, representado por la Mesa de Enlace y entidades como AAPRESID, ha manifestado su rechazo a la centralización y a la posible pérdida de eficacia y adaptabilidad local. Marcelo Torres, presidente de AAPRESID, aclaró que la entidad no tiene injerencia en las decisiones del INTA, pero defendió la necesidad de que el organismo "continúe vigoroso" y se adapte a los desafíos actuales sin perder su esencia.

El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca eficiencia y control presupuestario, en línea con una política más amplia de ajuste y reorganización estatal. Sin embargo, la preocupación por el impacto en la innovación, la producción y la vida rural persiste, y el debate continúa tanto en el Congreso como en el sector agropecuario, con llamados al diálogo racional y a preservar el rol estratégico del INTA para el país.