La industria argentina enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por el cierre de la histórica fábrica de neumáticos FATE en San Fernando, que dejó a 920 trabajadores sin empleo tras 80 años de actividad. Este hecho se suma a una serie de despidos masivos y cierres de plantas en sectores clave como el textil, electrodomésticos y siderurgia, con empresas como TN Platex, Whirlpool y Techint/Tenaris afectadas por la caída de la demanda interna y la competencia de productos importados, especialmente de origen chino.

El fenómeno, que se intensificó desde finales de 2025, es atribuido por economistas y empresarios a políticas macroeconómicas que mantienen intervenidos el tipo de cambio y la tasa de interés, generando distorsiones en los precios relativos y dificultando la competitividad de la producción local. El auge de importaciones, con precios hasta un 40% más bajos, ha provocado una reducción significativa de la producción nacional y la pérdida de mercado, afectando tanto a grandes empresas como a PYMES.

Según datos de la consultora Fundar, bajo la gestión de Javier Milei han cerrado 21.938 empresas, una cifra comparable a la registrada durante la pandemia. El cierre de FATE coincide con el debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que busca flexibilizar el mercado de trabajo en un contexto de creciente desocupación.

El gobierno, por su parte, sostiene que el modelo libertario afecta a todos los sectores y atribuye la crisis a empresarios "prebenderios". Sin embargo, consultores y economistas advierten sobre el riesgo de desindustrialización y el aumento de la desocupación, señalando la necesidad de establecer barreras comerciales ante la competencia desleal de productos importados, especialmente de China.

El deterioro de la confianza del consumidor y de indicadores económicos como el Índice Líder de la Universidad Di Tella anticipa una fase recesiva, mientras la oposición permanece debilitada y el debate sobre la política comercial y laboral divide opiniones. El futuro de la industria argentina dependerá de la capacidad del gobierno para ajustar las políticas macroeconómicas y proteger la producción local en un contexto global cada vez más competitivo.