La industria vitivinícola argentina se encuentra en el centro de un intenso debate tras la presentación de un proyecto de ley que busca eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Este organismo, creado en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner, tiene como objetivo implementar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y se financia mediante aportes obligatorios de las bodegas.

El proyecto, impulsado por el diputado oficialista Damián Arabia, propone derogar la ley que dio origen a la COVIAR, argumentando que los aportes obligatorios representan una carga innecesaria para las empresas y que la desregulación fomentará la competitividad del sector. Arabia afirmó en redes sociales que "la asociación debe ser un derecho, no una obligación" y calificó a la COVIAR como "un currito más para controlar el sistema del vino".

La propuesta ha generado una fuerte división en el sector. Por un lado, entidades como Bodegas de Argentina y la Federación de Viñateros de San Juan apoyan la derogación, señalando falta de transparencia, exclusión de productores y un modelo que consideran obsoleto. Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, afirmó que "el vino argentino atraviesa un momento difícil, y es hora de dejar de sostener instituciones que no cumplen su propósito".

Por otro lado, la COVIAR y 30 entidades vitivinícolas han salido en su defensa, argumentando que el aporte obligatorio representa solo el 0,019% del precio del vino y que la institución es clave para el desarrollo estratégico del sector. Mario González, presidente de la COVIAR, destacó que "con pequeños aportes se logran grandes cosas" y calificó el proyecto como "un ataque al federalismo".

El debate también ha puesto de relieve tensiones más amplias entre el federalismo y el centralismo. Las provincias productoras, como Mendoza y San Juan, concentran más del 80% de la producción vitivinícola del país y consideran que la propuesta de Arabia, un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, refleja un desconocimiento de la realidad del sector.

La COVIAR maneja un presupuesto anual de $3.800 millones, financiado principalmente por aportes privados, y ha sido criticada por su supuesta alineación política y manejo discrecional de fondos. Sin embargo, sus defensores argumentan que su eliminación fragmentaría los esfuerzos de promoción y desarrollo del sector, afectando su competitividad en mercados internacionales.

El futuro de la COVIAR se decidirá en el Congreso, donde el proyecto de ley será debatido en las próximas semanas. Mientras tanto, el sector vitivinícola sigue dividido, con posturas encontradas sobre el camino a seguir para garantizar su sostenibilidad y crecimiento.