En los dos años y cuatro meses de la gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional concretó la venta de 15 inmuebles estatales, recaudando cerca de 279 millones de dólares. Esta política, impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), forma parte de la estrategia oficial de reducir la estructura estatal y optimizar recursos, según fuentes oficiales y relevamientos periodísticos.

Entre los inmuebles vendidos se encuentran propiedades pertenecientes a organismos como el Ministerio de Defensa, la Policía Federal y el INTA, así como bienes decomisados en causas de corrupción y narcotráfico. El proceso de venta incluyó subastas públicas y, en algunos casos, generó controversias, como la venta del edificio del INTA, cuyos fondos, que por ley debían destinarse al organismo, fueron finalmente redirigidos al Tesoro Nacional por decreto.

El predio más caro vendido fue un terreno en Palermo, adjudicado a la desarrolladora Consultatio SA por 127 millones de dólares, superando ampliamente el precio base. Otras operaciones destacadas incluyen terrenos en Puerto Madero, Bajo Belgrano, Retiro y propiedades en Mendoza y Córdoba. Parte de los bienes vendidos provenían de decomisos judiciales, como los casos de corrupción y narcotráfico que involucraron a exfuncionarios y empresarios.

El informe oficial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentado ante la Cámara de Diputados, reconocía solo seis ventas por 75,1 millones de dólares, pero investigaciones periodísticas y el cruce de datos con registros públicos permitieron identificar operaciones adicionales, elevando la cifra total a 15 inmuebles vendidos.

Además, la AABE desafectó 35 inmuebles estatales, abarcando más de 4,6 millones de metros cuadrados, que están listos para futuras subastas. Entre ellos se destacan predios de gran valor estratégico y patrimonial, como el complejo de la Unidad Turística de Embalse en Córdoba, declarado Monumento Histórico Nacional, cuya venta fue avalada bajo la condición de preservar su valor patrimonial.

El proceso ha generado reacciones diversas. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para la eficiencia estatal y la obtención de recursos, sectores afectados, como trabajadores del INTA y comunidades locales, han manifestado su preocupación por el impacto sobre el patrimonio público y la transparencia en el destino de los fondos recaudados. Actualmente, continúan las subastas y se prevé que más propiedades estatales sean puestas a la venta en el corto plazo.