El Ministerio de Seguridad de la Nación llevó a cabo este viernes la deportación de dos ciudadanos extranjeros con antecedentes penales, en el marco de un operativo denominado "Fin del Juego". Los individuos, un colombiano y un chileno, habían sido detenidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras una investigación que incluyó tareas de inteligencia y análisis de información.

Ambos sujetos presentaban antecedentes por delitos de robo a mano armada y fueron trasladados desde la Alcaidía Cavia, en el barrio porteño de Palermo, hasta el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Allí, comitivas policiales de sus respectivos países los escoltaron para que respondan por los delitos cometidos en sus lugares de origen.

Según datos oficiales, en lo que va de 2025, más de 50 extranjeros con condenas firmes han sido expulsados del país. Estas acciones se enmarcan en la Ley de Migraciones, que permite la deportación de ciudadanos extranjeros que hayan cometido delitos en territorio argentino. "Los ciudadanos extranjeros que cometen delitos en nuestro país, luego de ser juzgados y recibir su condena, quedan sujetos al correspondiente proceso de expulsión", señalaron desde la Policía Federal Argentina (PFA).

El gobierno argentino ha adoptado una postura más estricta en materia migratoria, buscando reforzar la seguridad y el control fronterizo. Desde la asunción del actual gobierno, se han implementado medidas para limitar el ingreso de inmigrantes con antecedentes penales y facilitar su expulsión. "Hay decisión política de luchar contra el narcotráfico y de expulsar a todos aquellos delincuentes extranjeros que cometen un delito", afirmó un vocero oficial.

Sin embargo, estas políticas han generado críticas por parte de algunos sectores, que advierten sobre el riesgo de estigmatizar a la comunidad migrante en general. A pesar de ello, el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el territorio nacional.

El operativo "Fin del Juego" es un ejemplo más de la política migratoria actual, que busca enviar un mensaje claro: los delitos se sancionan y los responsables deben responder en sus países de origen. Este enfoque, según las autoridades, refuerza el compromiso del gobierno con la seguridad y el cumplimiento de la ley.