El Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires dictó este lunes las primeras condenas a manifestantes detenidos bajo el protocolo antipiquetes, en el marco de las protestas contra la Ley Bases. Cuatro hombres, identificados como Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa, fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad. La jueza María Julia Correa presidió el proceso, que se desarrolló bajo estricta reserva y con acceso restringido a familiares y abogados.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron la noche del 2 de febrero de 2024, cuando se realizaba un festival cultural en la Plaza del Congreso, en paralelo al debate legislativo de la Ley Bases. Durante la dispersión de la protesta, la Policía Federal Argentina detuvo a 14 personas, de las cuales cinco llegaron a juicio. Uno de los imputados fue absuelto tras el retiro de la acusación por parte de la fiscalía.

La acusación se basó principalmente en los testimonios de los agentes policiales, quienes afirmaron que los condenados arrojaron piedras y objetos contundentes contra el personal de seguridad. Sin embargo, la defensa, representada por los abogados Alexis Penella, Marcela Dal Santo y Martín Alderete, denunció la ausencia de pruebas materiales y contradicciones en las declaraciones policiales. Además, señalaron que no se presentaron registros fílmicos de los hechos, a pesar de la presencia de cámaras en la zona.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de derechos humanos calificaron el proceso como un caso de criminalización de la protesta social y anunciaron que apelarán la sentencia. "Se pretende criminalizar a quienes ejercen su derecho a manifestarse", sostuvo el CELS en un comunicado. Por su parte, fuentes oficiales del gobierno celebraron el fallo como "un triunfo de la ley sobre el caos" y destacaron la importancia de garantizar la libre circulación.

El fallo, que será fundamentado el 25 de marzo, marca un precedente en la aplicación del protocolo antipiquetes y reaviva el debate sobre los límites del derecho a la protesta y la libertad de expresión en Argentina. Mientras la defensa prepara la apelación, el caso sigue generando repercusiones en el ámbito político y social.