El robo del celular al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, durante un acto en la localidad de La Cocha, ha generado un fuerte impacto político y judicial en la provincia. El episodio ocurrió el miércoles por la noche, cuando el mandatario descendió del escenario para saludar a militantes y vecinos. En medio de la multitud, una mujer le sustrajo el teléfono móvil del bolsillo de su saco. Al advertir la falta del dispositivo, Jaldo alertó a su equipo de seguridad, que junto a la policía local revisó imágenes del evento y logró identificar a la sospechosa.

La acusada, Liliana Carrizo, fue detenida en su domicilio en Los Pizarros, a siete kilómetros de La Cocha, donde se secuestraron el celular, una notebook y tres pendrives. El dispositivo fue recuperado y devuelto al gobernador en menos de una hora. La Justicia, a cargo del juez Cristian Velázquez, dictó 30 días de prisión preventiva para Carrizo, una medida inusual para un caso de hurto simple, justificada por la necesidad de realizar peritajes sobre los dispositivos incautados y determinar si se accedió a información sensible.

Durante la audiencia, la defensa de Carrizo solicitó prisión domiciliaria, pero el pedido fue rechazado. La abogada querellante, representante del gobernador, pidió agravar la acusación, argumentando que el celular podría contener datos estatales relevantes. Sin embargo, el juez mantuvo la carátula de hurto simple. Las pericias buscarán establecer si la acusada logró desbloquear el teléfono o transferir información a otros dispositivos.

El gobernador Jaldo, en declaraciones públicas, no descartó que el hecho haya sido planificado y lo vinculó a intereses afectados por decisiones de su gestión. "No me van a asustar ni me voy a esconder", afirmó, y defendió el accionar del gobierno en materia de seguridad. El caso se produce en un contexto de tensión política en Tucumán, tras la intervención de la localidad de Alberdi por un escándalo de narcotráfico y la convocatoria a elecciones municipales.

Mientras la investigación avanza, la Justicia analiza imágenes de cámaras de seguridad para determinar si hubo cómplices o motivaciones políticas detrás del robo. El episodio reavivó el debate sobre la seguridad de los funcionarios y la exposición pública de los líderes políticos en la provincia.